lunes, 5 de julio de 2010

Nuevas páginas de la misma historia: aventuras y desventuras del sistema de salud en Colombia

Las voces alternativas en http://www.ovoces.blogspot.com continuan con el articulo: "El señor matanza", de la autoria de Carolina Marrugo.
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Carlos Marx en las primeras páginas del “18 Brumario de Luis Bonaparte”, recordando una vieja sentencia de Hegel, afirmó que los hechos y personajes de la historia suelen repetirse por lo menos dos veces, sea en forma de tragedia, o sea en forma de farsa. Un hecho reciente en Cartagena de Indias demuestra la validez permanente de las palabras de Marx. El pasado 24 de junio, Viviana Carrillo Liñán, de 43 años de edad, una humilde habitante de las barriadas pobres de la zona suroriental de la ciudad, murió a las puertas de una poli – clínica ubicada en el barrio Olaya Herrera, mientras esperaba la ayuda médica que jamás le fue prestada. Aquejada por un fuerte dolor en el pecho, llegó en las primeras horas de la mañana al establecimiento público buscando por ayuda. Ante la ausencia del personal médico en el lugar, la atención le fue negada. Tiempo después, se desplomó en las puertas de la poli – clínica, en medio de violentas convulsiones. Finalmente murió, en medio de las miradas impotentes de los testigos presenciales. Era una página más, de una larga historia iniciada en 1993, cuando un distinguido senador creyó razonable modificar dramáticamente el sistema de salud en Colombia.

A pesar de la torpeza histórica del mismo, siempre existió la premisa de que la salud era un derecho común que el estado estaba en obligación de garantizar. Aunque los establecimientos hospitalarios del estado rara vez superaran los estándares de calidad en atención al paciente, no existían reparos en atender al afligido, y el factor económico no condicionaba la ayuda prestada. La Ley 100 de 1993, representó una alteración radical del anterior principio. Sujetó al sistema de salud a las lógicas de la economía de mercado. Tal y como lo había presupuestado el distinguido senador, los hospitales públicos y privados entraron a competir por los recursos centralizados en el estado. Los primeros debieron ajustarse a los nuevos requerimientos, y pasaron de ser instituciones de carácter eminentemente social, a entidades de naturaleza empresarial. Estando prácticamente bajo su propia suerte, las entidades públicas entraron en una especie de partido de futbol donde llevaban varios goles en contra, aún antes del pitazo inicial. En la carrera por acaparar los recursos centralizados en el estado, las entidades privadas desplazaron a las públicas, y se hicieron a las ganancias del mercado. Paulatinamente, los hospitales públicos fueron quedando desfinanciados, y sin maneras de entrar a disputarle al sector privado el dominio creciente sobre los recursos.

Las reglas de juego de antemano iban en detrimento de las entidades públicas. Los pagos por los servicios prestados eran puntualmente cancelados a las entidades privadas, mientras las públicas debían esperar por lo menos tres meses para recibir la paga. El juego irregular del mercado fue paulatinamente cobrando sus víctimas. En el 2002, después de cinco años de una crisis financiera inmanejable, cerró sus puertas el Hospital Universitario de Cartagena, el más importante de la ciudad. Inmediatamente después, cerró sus puertas la Clínica Club de Leones, que aunque había nacido de una iniciativa privada y sin ánimo de lucro, había pasado a manos del estado en 1978. En el 2005, uno de los supervivientes de la red hospitalaria local, el Hospital San Pablo, debió cerrar sus puertas aquejado por la crisis financiera. El déficit global de la red hospitalaria ascendió en aquellos años a $21.000 millones de pesos en su peor momento. Con la mayoría de los hospitales públicos cerrados o en déficit, el mercado local de la salud quedó en manos de las entidades privadas. Fue allí donde se desató la cara más amarga de la tragedia. La atención de los pacientes, quedó estrictamente sujeta a su capacidad de pago. Si un paciente no estaba afiliado a una entidad prestadora de servicios de salud, o si su entidad no tenía contrato alguno con el hospital adonde acudía en búsqueda de atención medica, el servicio le era negado, y era remitidos a otros hospitales privados, donde probablemente la historia se repetía. Finalmente, y después de recorrer las calles de la ciudad, el paciente fallecía. “El paseo de la muerte” fue bautizado, y en el 2005 cobraba la vida de 20 personas al mes.

La unificación general del sistema de salud, donde contribuyentes y subsidiarios gozarían de las mismas ventajas y desventajas de un sistema ineficiente, no eliminó el problema. Las muertes se han seguido sucediendo una detrás de otra. El caso de Viviana Carrillo Liñán, la humilde mujer del barrio Olaya Herrera, ha sido el último en ser registrado, pero infortunadamente no será el último en registrarse. Este triste capítulo de la historia, iniciado en 1993, continúa su curso. Y es así, porque los colombianos son incapaces de mirar al pasado, de aprender de las lecciones dejadas por la experiencia y de corregir el paso. En ese año trágico del 2002, cuando cerraron dos de los más importantes hospitales públicos de la ciudad, los colombianos creyeron inteligente elegir a quien fuera el distinguido senador que propuso la instauración de la Ley 100 de 1993: Álvaro Uribe Vélez. Y en el 2006, un año después del punto cumbre de la crisis hospitalaria, premiaron su primer mandato reeligiéndole. El “olvido y la ignorancia” deberían reemplazar como lema al “libertad y orden” del escudo nacional. Y así es Colombia: la tierra que aprendió a vivir su historia en forma de tragedia, y otras veces, en forma de farsa.