domingo, 25 de octubre de 2009

A proposito del Bicentenario



Nos importa la ciencia verdadera y la genuina libertad del espíritu. No habrá amenaza que nos haga retroceder. Tampoco lo conseguirá el cierre de nuestras universidades. Se trata de la lucha de cada uno de nosotros por nuestro futuro, por nuestra libertad y por nuestro honor en un Estado consciente de su responsabilidad moral. Manifiesto de los estudiantes de Múnich contra Hitler (1943)

Afirmar que la publicación del Manifiesto Comunista en 1849, pudo haber influido en la inestabilidad política de la Colombia de mediados del siglo XIX, es un sinsentido que solamente puede ser mencionado por un profundo desconocedor de la historia nacional. Lo paradójico es que haya sido precisamente ese “profundo desconocedor” quien cerrara el Encuentro Internacional con Nuestra Historia, un evento que congregó a 25 destacados historiadores locales y forasteros, a discutir sobre los pormenores de la independencia de Colombia, que para el 2010 habrá cumplido 200 años de haber sido iniciada. Pero era obvio que un evento organizado por la Alta Consejería para el Bicentenario, una extensión de la Presidencia de la República, deba ser clausurada precisamente con la intervención del Presidente de la República, indistintamente de su precaria formación en Historia.


La conmemoración del Bicentenario ha sido el evento más propicio para reafirmar la desgastada estabilidad nacional. Asistimos, según lo que la versión oficial afirma, al año 200 de una vida democrática ininterrumpida, donde ha prevalecido la unidad nacional por encima de todas las barreras. El desfile militar del 20 de Julio abandonó las calles de la capital, y desde hace tres años se realiza en los puntos más distantes de la República (Tame, Arauca en el 2009, Leticia en el 2008, San Andrés en el 2007), viejos territorios de frontera, como un intento por destacar una soberanía de la cual es imposible no dudar. Y también es imposible dudar de la manera en cómo se ha instrumentalizado la Historia para beneficio del actual régimen. La conmemoración del segundo centenario de nuestra independencia no podría ser la excepción. Eso apenas razonable. La Historia en cualquier de sus versiones, ha servido para sostener dictaduras, revoluciones, genocidios y sistemas políticos de todo orden. La Historia es la esencia de cualquier constructo ideológico, ninguna propuesta política seria exitosa si no partiera de una reflexión más o menos seria de la evolución de la sociedad humana en el tiempo. Que la clausura del Encuentro Internacional con Nuestra Historia hubiese estado a cargo de la piedra angular del régimen confirma la adhesión de una buena parte de la academia al proyecto político que ha dominado los destinos políticos del país en los últimos 8 años, y que probablemente los siga dominando en los 4 años por venir.


En Colombia hemos pasado de gozar de una academia tímida e ingenuamente neutral, para gozar de una que ha renunciado al disenso y a la crítica. Han optado por acomodarse a los beneficios de la intelectualidad de clase media y víctimas de la ultra-objetividad, estudian a los indígenas sin entenderse con sus luchas de tiempo presente, estudian al obrero sin conocer sus desafíos diarios por la supervivencia, estudian al campesinado sin comprender su devoción por la tierra. Creen estar por encima del bien y del mal, como una especie de oráculos, guardianes de la verdad, capaces de comprender los ritmos de la sociedad tan solo porque creen estar por encima de ella. Se ufanan de su neutralidad y de su distancia con la realidad actual, ya que de lo contrario se contaminarían con el vicio de la subjetividad. Pero como dijera el maestro Josep Fontana, cuando uno como historiador se considera neutral y abandona la critica a un sistema injusto y desigual, se convierte en cómplice de sus crímenes.

sábado, 10 de octubre de 2009

La caida del ultimo bastión: la concesión de playas



Tan solo era cuestión de tiempo para que el último bastión de la resistencia popular cartagenera cayera. Las playas de la ciudad, el último recinto donde aún se manifestaba el ejercicio pleno de la ciudadanía, donde el derecho a la libre circulación no había sido burlado, ha sido finalmente arrebatado y su traspaso al bando contrario, en esta interminable guerra por el derecho a la ciudad, comenzó a ser reglamentado. Un par de semanas atrás, el presidente de la república anunció sus intenciones de entregar las playas cartageneras al sector privado, para que fueran ellas las encargadas de administrarlas y de regular su uso. Quiso dejar en claro, que se entregarían en calidad de “concesión”, y que por lo tanto, se mantendría su carácter público, y el libre acceso a las mismas no sería de ninguna manera vulnerado. Aquella es la versión oficial, y teóricamente se corresponde con el procedimiento original. No obstante, en Colombia, “concesión” supone “privatización”. El estado concede a la empresa privada la libertad de administrar los bienes nacionales, y rara vez interviene cuando la libertad se transforma en libertinaje. No sería ni el primero, ni el último de los casos.

La principal justificación para entregar los territorios de bajamar en concesión, es librar a los turistas nacionales y extranjeros del acoso indiscriminado de los vendedores ambulantes. Valiente excusa para justificar un nuevo acto de segregación social y espacial, en una lista interminable de actos tan antiguos como la existencia misma del turismo en Cartagena. En 1972, en uno de los apartes del Plan de Acción para hacer de la ciudad el nuevo polo de desarrollo turístico del país, se insistía en la recuperación de las playas del sector de Marbella, las playas populares por excelencia, por cuanto su degeneración había obligado a los sectores humildes de la ciudad a que recurrieran a las playas de Bocagrande, perdiendo estas su carácter de “exclusividad”, lo que supuestamente iba en detrimento del porvenir turístico de localidad. Y es que el turismo urbano y la exclusión social parecieran ser hermanos de sangre. El turismo se sustenta en la construcción de una imagen de ciudad que rara vez se corresponde con la realidad. Y si para construir esa imagen es necesario distanciar, segregar o arrojar a los cartageneros a kilómetros de la periferia, con toda seguridad lo harán.

Seguramente las primeras víctimas segregadas serán los vendedores ambulantes. Ellos, los mismos que se ganan el pan de cada día patrullando las playas de la ciudad, bajo el sol abrazador que suele dominar los cielos cartageneros. Los medios de comunicación, las autoridades turísticas, y el cartagenero del común inclusive, se han encargado de criminizarlos. Todos parecieran olvidar que como cualquier otro ser humano, como cualquier otro ser vivo, deben comer para mantenerse con vida. Con el transcurrir de los meses, las playas estarán completamente vetadas para cualquiera que no esté en capacidad de convertirse en consumidor. No habrá nada que lo impida. El gobierno local de turno sospechosamente ha guardado un silencio bastante parecido a la complicidad. No queda la menor duda a cuál de los dos bandos en disputa pertenece. Ni siquiera se puede confiar en la capacidad de respuesta del cartagenero promedio a esta nueva agresión. Somos presa de la imbecilidad natural de los seres adormecidos.

Los cartageneros finalmente debemos comenzar a asumir la derrota. Hemos perdido demasiadas batallas en la guerra por el derecho a la ciudad. Cedimos nuestros barrios, cedimos nuestras calles, cedimos nuestro patrimonio; hemos cedido hasta nuestras almas.